Julio Muñoz Otárola
División: El Teniente
Edad al ser detenido: 34 años
Cargo: Obrero del Departamento de Fundición sección Planta de Oxígeno de El Teniente
Julio Muñoz Otárola era un mago del balón. Como delantero, destacó en los clubes de fútbol vecinales de Coya, gambeteando a rivales a diestra y siniestra. Dicen que incluso llegó a deslumbrar en las categorías juveniles del O’Higgins de Rancagua, aunque un par de lesiones —“se quebró dos veces jugando a la pelota”, recuerda su hermana Patricia— terminaron por alejarlo de las canchas.
Era un hombre alegre, amigo de sus amigos, bueno para bailar y festejar. Como tantos otros de su edad (34), disfrutaba de la música de moda, especialmente la banda folclórica Chamal, además de los internacionales José Larralde y Mercedes Sosa.
Los Muñoz Otárola eran siete hermanos, y Julio tenía una especial predilección por su hermana menor. “Me acuerdo que él me compraba discos y me los llevaba a la casa, de la Violeta Parra y Víctor Jara”, dice Patricia. Un día llegó con un bombo, además de una tarka andina, flauta cuadrada con un timbre único en su especie.
La historia de Julio está íntimamente vinculada a su comunidad. “Nosotros vivíamos en una casa municipal en Coya, donde se guardaban las herramientas de los funcionarios municipales”, dice Patricia, quien añade que él era el primero en levantar la mano cuando había que organizar la semana coyina, con espectáculos y carros alegóricos incluidos.
Desde 1974 a 1983 trabajó en la Fundición Caletones de la División El Teniente. Con sus colegas compartió la pasión por el deporte, participando en un equipo de voleibol tenientino, entre otras actividades. Era un activo dirigente sindical y se casó una vez, sin tener hijos.
Julio Muñoz Otárola, militante comunista, fue detenido en la vía pública de Santiago el 9 de septiembre de 1987 por efectivos de la CNI, en el marco de una operación rastrillo para capturar a presuntos frentistas. Cinco personas fueron apresadas. Desde entonces se desconoce su paradero.
A pesar de que el arresto fue negado por las autoridades y la jefatura de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción de que su desaparición fue obra de agentes estatales.
El 22 de marzo de 2017, la Corte Suprema condenó a 33 agentes de la CNI, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército, quienes estuvieron involucrados en el secuestro calificado de Julio.
