La actividad minera utiliza agua como uno de sus insumos productivos, parte de la cual, en algunos casos se transforma en emisiones líquidas al medio ambiente, denominadas Residuos Industriales Líquidos (RILes).

En diciembre de 2006, Codelco tenía 77 descargas de RILes, frente a lo cual, se impuso el desafío de disminuir estos residuos, en el marco de su política de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental, que evidencia el compromiso de la empresa con el respeto por el medio ambiente.

Desde 2006 hemos establecido metas y medido el desempeño en RILes de todas las divisiones. Gracias a un trabajo conjunto se ha logrado esta espectacular reducción del número de efluentes líquidos, resalta Eduardo Sanzana, gerente de Sustentabilidad (I) de Codelco.

Añade que la reducción de RILes significó una inversión de más de 200 millones de dólares, además de los gastos operacionales en tratamientos y monitoreos. En el futuro se duplicará esta cifra, ya que se in

corporarán tecnologías y diseño para evitar el impacto de los RILes desde el origen de nuestros proyectos, como lo demuestra el proyecto de tratamiento de aguas de contacto de botaderos de mineral esteril que se está desarrollando en División Andina.

Tras cuatro años de trabajo, actualmente la empresa ha logrado reducir a sólo 19 sus RILes, de los cuales 3 se encuentran en proceso de eliminación ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Sanzana también señaló que aún queda trabajo pendiente y nuestra meta final debiera rondar los 15 RILes a nivel corporativo, lo que es un logro muy exigente, considerando el tamaño de nuestras operaciones.

En Chile, las descargas de Residuos Líquidos Industriales a aguas marinas y continentales superficiales están reguladas por el Decreto Supremo N° 90 (exigible a partir del 3 septiembre de 2006). En tanto, para los parámetros de molibdeno y sulfatos en las aguas claras del tranque Carén, donde se depositan los RILes de División El Teniente, las descargas se regulan por el DS 80 a partir del 26 de agosto de 2006.

La autoridad que fiscaliza el cumplimiento de ambos decretos es la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS); en tanto, para las descargas a aguas marinas es la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar).