El Presidente Ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano, señaló esta mañana que “es normal que, cuando hay diferencias, se recurra a los Tribunales. No es la primera vez que Codelco lo hace, no es la primera vez que surgen diferencias entre una empresa pública, en este caso, y otra entidad del Estado”. Al respecto, agregó que “la fortaleza de las instituciones del país está precisamente en eso: en que haya mecanismos para resolver las diferencias. Y eso es lo que ocurre en este caso”.

De esta forma, Arellano ratificó la decisión de solicitar a la Justicia que dirima los desacuerdos de interpretación de la ley de subcontratación surgidas entre la Dirección Nacional del Trabajo y la mayor empresa productora de cobre del mundo. Asimismo, informó que en el día de hoy se presentaron tres nuevos recursos de protección, esta vez relacionados con las Divisiones Andina, Ventanas y El Teniente, en las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Rancagua.

El presidente Ejecutivo explicó que uno de los objetivos de la Ley de Subcontratación es prohibir el suministro de trabajadores. En este sentido, sostuvo que “Codelco no tiene situaciones de suministro, sino que tenemos empresas que prestan servicios. En esta situación se han producido diferencias de interpretación de la ley con la Dirección del Trabajo y es esa diferencia la que hemos llevado a Tribunales para que resuelvan sobre el tema”.

Codelco cumple la ley

Respecto del llamado de algunos senadores a que Codelco cumpla la ley, el Presidente Ejecutivo afirmó que “estamos cumpliendo la ley y tienen toda la razón en pedir eso. Lo que sucede en este caso particular es que se ha producido una diferencia en cómo interpretar la ley y los Tribunales están viendo cómo se resuelven estas diferencias. Por lo tanto, dentro del marco de la ley estamos recurriendo a los Tribunales”.

Arellano expresó que, “desde que se promulgó la ley, hemos estado adecuando contratos y prácticas donde corresponde para su cumplimiento. La ley estableció una responsabilidad solidaria de las empresas mandantes, en todo lo que dice relación con los temas de seguridad y otros ámbitos de los trabajadores contratistas. Esa ha sido una preocupación muy importante durante todo este tiempo”.

Asimismo, informó que incluso se han internalizado algunas funciones. “Hasta ahora, alrededor de 300 trabajadores han sido integrados a la empresa y, producto de esta fiscalización, estamos mirando si hay algunas otras funciones que debiéramos asumir nosotros con trabajadores propios. Si llegamos a esa conclusión, lo vamos a hacer, tal como lo hemos hecho en el pasado”.

El ejecutivo señaló que era muy difícil que se internalice el número de trabajadores indicado en las fiscalizaciones, puesto que “se trata de servicios que nos prestan empresas, algunas de ellas muy especializadas y que no puede hacer Codelco”. Manifestó que esos contratos no sólo incluyen trabajadores, sino también suministro de equipos, mantenimiento y otros servicios especializados que Codelco “no está en condiciones de hacer o que realmente lo hacen mejor otras empresas que se especializan en eso”.

Consultado sobre los anuncios de movilizaciones de los trabajadores contratistas, respondió que “estamos en democracia, todos pueden manifestar su punto de vista, el límite es el derecho de las otras personas. Espero que los anuncios o convocatorias sean a expresarse y a manifestar su opinión dentro del marco de la ley y que por ningún motivo tengamos situaciones como las que lamentamos unos meses atrás”.

Ministra de Minería: “Desdramatizar esta iniciativa”

Consultada sobre los recursos de protección presentados por Codelco contra la Dirección Nacional del Trabajo, la Ministra de Minería, Karen Poniachik, llamó a “desdramatizar el hecho”, ya que habitualmente las empresas públicas o privadas tienen divergencias con los organismos del Estado. Al respecto, recordó que recientemente el Consejo de Defensa del Estado demandó a una empresa estatal por un incidente medio ambiental.

“Las empresas de nuestro país, sean públicas o privadas, tienen la obligación de cumplir con la ley de subcontratación”, señaló la Ministra y agregó que “también tienen el derecho de recurrir a la Justicia en caso de que existan discrepancias respecto de los alcances de la ley y los criterios con que se aplica. Sobre el fondo del asunto no me voy a pronunciar, porque está en manos de los Tribunales de Justicia y a un ministro de Estado no le corresponde dar opinión sobre otro poder”.

Más adelante, dijo que “quisiera desdramatizar lo hecho por Codelco porque las empresas tienen controversias con los diversos organismos del Estado. No es primera vez que una empresa recurre a Tribunales frente a interpelaciones de una nueva ley; sea esta tributaria, medioambiental o laboral. Y, por otro lado, y de la misma forma, hay también divergencias de organismos del Estado frente a empresas públicas que se han resuelto en Tribunales”.