1. La opinión pública ha sido testigo de una irresponsable campaña de denuncias selectivas, que pretende enlodar la imagen de Codelco y la de empresas y profesionales prestigiosos que le han prestado servicios en los ámbitos de su especialidad, mediante contratos que cumplen con toda la normativa legal aplicable.

2. Dado el grave daño que esto puede causar a la principal empresa de Chile y, por ende, al país, Codelco ha resuelto solicitar a la Contraloría General de la República que, en uso de las atribuciones que la ley le entrega, adopte las medidas que en derecho correspondan para que se realice una revisión de los contratos de asesoría suscritos, en el período que ella determine, con el objeto de establecer si las contrataciones se han ajustado a la normativa legal vigente.

3. La ley confía la Dirección Superior y la Administración de Codelco al Directorio y al Presidente Ejecutivo, entregándole a este último las facultades de administración. En el uso de dichas facultades y conforme a la normativa vigente, el Presidente Ejecutivo, los Gerentes Generales y los demás ejecutivos por él autorizados, pueden efectuar la contratación de las asesorías que estimen adecuadas para la buena marcha de la empresa.

4. La gestión de Codelco se mide por sus resultados. Todos los chilenos tienen el derecho de pronunciarse sobre este particular y, para posibilitar este proceso, Codelco entrega incluso mayor información que aquella que normalmente la Superintendencia de Valores y Seguros exige a las sociedades anónimas abiertas. Codelco se ha autoimpuesto, además, restricciones en materia de operaciones con personas relacionadas que van más allá de lo que la ley exige.

5. Respecto de los contratos celebrados, corresponde a los organismos fiscalizadores o a los tribunales, en su caso, pronunciarse sobre posibles irregularidades. Si alguien estima con fundamento que se ha incurrido en ilegalidades, corresponde formular la denuncia ante los organismos pertinentes.

6. La reputación de una empresa de todos los chilenos es parte de un capital que debemos cuidar. Las denuncias sin fundamento constituyen una irresponsabilidad y una grave falta a la ética.