Codelco es emisor de valores de oferta pública (bonos de largo plazo) y, por tanto, está obligada a entregar la misma información que se exige a las sociedades anónimas abiertas. Más aún, estos bonos se transan en los mercados internacionales, lo que significa que la empresa está sujeta al escrutinio de los examinadores más exigentes del mundo. El veredicto del mercado es categórico: Codelco está calificada como la empresa de menor riesgo del país y entre las mejores de la industria extractiva.

Codelco está sujeta a exigencias y restricciones mayores que las sociedades anónimas abiertas en materia de operaciones relacionadas.

La ley de sociedades anónimas regula la manera de llevar a cabo operaciones en las que uno o más directores o miembros de la alta gerencia tengan interés, y obliga a que estas operaciones sean conocidas y aprobadas por el directorio. Además de atenerse a esta disposición legal, a partir de 1995 Codelco estableció una normativa sobre contratos con personas relacionadas aún mucho más estricta en cuanto a su alcance y requisitos. En efecto, además de los personeros ya nombrados incorporó a todos quienes ejercen cargos de jefatura, sus cónyuges, hijos y parientes hasta el segundo grado.

Posteriormente, durante el año 2002 se decidió establecer la prohibición de hacer negocios con las empresas en que el presidente ejecutivo, los vicepresidentes corporativos y los gerentes generales de cada división tuvieren intereses de cualquier naturaleza. Esta normativa de incompatibilidad no existe en ninguna otra empresa del país.

Todos los contratos con empresas relacionadas son sometidos, antes de firmarse, a la revisión del Comité de Auditoría del Directorio, que puede rechazarlos o recomendarlos para su aprobación al Directorio en pleno. Se ha querido cuestionar este proceso arguyendo que Codelco no entrega esta información al mercado, como sí lo harían las sociedades anónimas abiertas. Respecto de la ley de sociedades anónimas, ella establece que todas las operaciones relacionadas y relevantes, en cuanto a su monto, deben ser aprobadas por el Directorio de la empresa.

Por su parte, la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros establece que aquellas de estas operaciones que se estimen significativas deben ser informadas al mercado. Los contratos con empresas relacionadas suscritos por Codelco a partir del año 2002 no tienen el carácter de relevantes ni significativos. Para que no quede ninguna duda sobre el particular se ha decidido publicar la lista de contratos suscritos con empresas relacionadas entre el 1 de enero del 2002 y la fecha, todos los cuales fueron conocidos y autorizados por el Directorio.

La Administración de Codelco, al igual que la de cualquier empresa, puede contratar con terceros, dentro del marco de sus atribuciones, sin otras limitaciones que las que establece la ley y las políticas, normas y procedimientos internos.

En su intento de sembrar un manto de duda sobre la transparencia y probidad del accionar de la empresa y sus ejecutivos, se ha querido cuestionar la pertinencia de determinados contratos o asesorías por el sólo hecho de que el prestador sea una institución o persona afín al gobierno o a algún partido de la Concertación.

Se ha tratado de configurar un escándalo a partir de contratos suscritos por Codelco con la Corporación Tiempo 2000 y se ha pretendido que ésta sería, además de injustificada, una negociación con un ente relacionado. Ha quedado demostrado que ésta es una denuncia sin fundamento.

Codelco contrata asesorías y servicios de consultoría con personas e instituciones afines a todo el espectro político, con la única condición de que éstas le garanticen un producto o servicio de excelencia. Al igual que con la Corporación Tiempo 2000, se han contratado suscripciones, informes y asesorías con otras instituciones que estimamos nos brindan servicios de alta calidad profesional, como la Fundación Chile XXI, el Centro de Estudios para el Desarrollo, Asuntos Públicos y otros.

La decisión de qué se contrata y con quién se contrata es una facultad irrenunciable de la administración, sólo limitada por la ley y la normativa interna.

Se nos tilda de poco transparentes porque no hemos accedido a la demanda de dar a conocer los contratos con personas afines y otros que hemos suscrito en los últimos años. Los mismos que hoy nos acusan se negaron a aceptar una propuesta del gobierno, en el sentido de incluir la afinidad deportiva, religiosa y política para los efectos de determinar la existencia de relación. Con mayor razón se opondrían a dar a conocer el detalle del resto de sus contratos.

Una vez más queda de manifiesto un doble estándar escandaloso. No vamos a dar ventajas. Codelco es una empresa que compite globalmente y que se ha posicionado como una de las más rentables de la industria. Sin perjuicio de su carácter estatal, que la obliga a ser un ejemplo de transparencia, tiene que operar sujeta a las mismas reglas que sus competidores.

Si lo que se busca es asegurarse de que los contratos suscritos por la administración se ajusten a la ley y las normativas internas, entonces lo que corresponde es pedir el pronunciamiento de los organismos contralores pertinentes. En ese espíritu, Codelco solicitó a la Contraloría General de la República que revisara los contratos de consultoría y asesoría suscritos por la empresa. De igual modo, la administración ha puesto a disposición de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Directorio toda la información de que dispone sobre la materia.

La campaña de la UDI en contra de Codelco se sustenta en información robada a la empresa

Codelco ha sido victima del robo sistemático de información confidencial. Parlamentarios de la UDI, transformándose en encubridores, han utilizado mañosamente esta información con el propósito de desprestigiar a la empresa. Así, no sólo han alentado a los delincuentes, sino que han deteriorado la imagen y el valor de la empresa y perjudicado a todos los chilenos.

La administración de Codelco, que por mandato de la ley tiene la responsabilidad de velar por el patrimonio de la empresa, ha decidido iniciar acciones legales contra todos quienes resulten involucrados en la comisión de estos graves delitos.