Las culturas indígenas que habitaban en la época precolombina lo que hoy es Chile, utilizaron el cobre para la elaboración de distintas herramientas. Desarrollaron metalurgias elementales que les permitieron explotar y trabajar el metal rojo, incluso para producir aleaciones. Desde entonces hasta la actualidad, el metal rojo se ha mantenido como un producto fundamental de nuestra economía y, más aún, como parte de nuestra historia y cultura.

La explotación de cobre se mantuvo como una pequeña industria durante la colonia. En 1810, año de la Independencia, Chile produjo 19.000 toneladas del mineral. Entre 1820 y 1900, el país produjo 2 millones de toneladas de cobre y fue, durante un tiempo, el primer productor y exportador mundial de la época.

A fines del siglo XIX comenzó un período de decadencia, debido al gran impacto del salitre que acaparaba el interés y las inversiones, y al agotamiento de los yacimientos de alta ley. En 1897 se produjeron apenas 21.000 toneladas de cobre.

A comienzos del siglo XX se iniciaron inversiones en El Teniente y Chuquicamata por parte de numerosas empresas norteamericanas. Chile tenía en esos años una participación reducida en la gran minería del cobre.

En 1951 se firmó el Convenio de Washington, que permitió a Chile disponer del 20% de
la producción de cobre, posibilitando al Gobierno chileno aumentar su participación en la
actividad cuprífera.

En 1955, el Senado dictó una serie de leyes cuyo objetivo era garantizar un ingreso mínimo al Estado chileno y fomentar la inversión por parte de las grandes compañías del rubro minero.

El 5 de mayo del mismo año se creó el Departamento del Cobre, un organismo estatal cuyas labores consistían en fiscalizar y participar en el mercado del metal rojo a nivel internacional.

LA CHILENIZACIÓN

En 1966 se dictó la Ley Nº 16.425, que autorizó la creación de sociedades mixtas entre el Estado de Chile y las compañías extranjeras productoras de cobre. En dichas sociedades mixtas, el Estado chileno debía tener como mínimo una participación del 25% de la propiedad de los yacimientos en manos de las compañías extranjeras.

En 1967, las minas El Teniente, Chuquicamata y Salvador se convirtieron en sociedades mixtas, por lo que Codelco adquirió el 51% de la propiedad de ellas. El 49% restante permaneció en manos de las antiguas propietarias: Braden Copper Company, subsidiaria de la Kennecott Corporation, en el caso de El Teniente; y Anaconda Copper Company, en
el caso de Chuquicamata y Salvador.

Con respecto a Andina y Exótica, en 1967 pasaron a propiedad de Codelco en un 25%, quedando el resto en poder de Cerro Corporation y de Anaconda, respectivamente.

LA NACIONALIZACIÓN

En 1971, a través de la modificación del Artículo 10 de la Constitución, se introdujo la posibilidad de nacionalizar la gran minería del cobre. La misma reforma constitucional agregó una disposición transitoria que establecía que: “por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del interés soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras, que constituyen la gran minería del cobre”.

A través de esta modificación constitucional, pasaron a dominio nacional todos los bienes de las empresas mencionadas y se crearon 5 sociedades colectivas del Estado para administrar dicha riqueza.

El 1º de abril de 1976 se creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través del Decreto de Ley Nº 1.350, que asumió en reemplazo de las sociedades colectivas del Estado, la administración de los yacimientos nacionalizados. A consecuencia de ello, se agruparon los yacimientos existentes en una sola empresa, minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Minería.